'Es preocupante que la propia justicia diga que aquí no hay justicia'
Dijo el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, a María Isabel Rueda en entrevista.
¿Cree que es un irrespeto con la rama judicial, como se ha dicho, que el Presidente pida disculpas al Ejército y al expresidente Betancur, por los desafueros del fallo del Tribunal Superior de Bogotá?
Por supuesto que no. El Gobierno, como tiene que ser, ha sido, es y será -y así quedó señalado en el comunicado emitido al día siguiente del fallo- respetuoso de las decisiones judiciales. Pero eso no significa que no pueda expresar preocupaciones por algunos aspectos de ese fallo.
¿Lo que hizo el Presidente, entonces, fue expresar una preocupación?
Sí, sobre aspectos concretos en los cuales se hacen unas afirmaciones que desconciertan.
¿Como cuáles?
Como aquella en la que se sostiene que lo que la Constitución tiene instituido como una forma de administrar justicia en relación con los altos funcionarios del Estado, para el Tribunal no es una decisión judicial sino una decisión política.
¿Se refiere a la Comisión de Acusaciones de la Cámara? Pues si el Tribunal no cree en ella, tampoco cree el país. Incluso el Gobierno propone cambiarla por otra figura, en el proyecto de reforma de la justicia...
El Gobierno comparte los cuestionamientos que se han venido haciendo con respecto a la eficacia de la Comisión de Acusaciones de la Cámara, y por ende con la propuesta que aparece contenida en el proyecto. Pero eso no quiere decir que las actuaciones que ha tenido hasta ahora dicha comisión no deban respetarse y ser tenidas como lo que son, por mandato constitucional.
¿No es un poco raro que sea la propia justicia colombiana, a través de los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, la que llame a la Corte Penal Internacional para que imparta justicia en el país?
Exactamente, y eso resulta preocupante. Que se diga que aquí no se hace justicia. El Gobierno tiene, y supone que los colombianos deben tener, como corresponde a un Estado de derecho, plena confianza en sus instancias judiciales.
¿De ninguna manera cabe pedirle a la Corte Penal Internacional que enjuicie al expresidente Betancur?
Sería necesario que en el país de quien va a ser juzgado simplemente no exista un sistema de administración de justicia que vaya a cumplir con sus funciones. Y dos, que, en forma perfectamente contradictoria con las reglas de ese Estado de Derecho, no se haya hecho justicia, que haya habido un caso de denegación o de omisión absoluta de la administración de justicia.
¿No haber 'enjuiciado' al expresidente en un proceso como tal puede ser considerado una denegación de justicia?
De acuerdo con lo que señalan la Constitución y la ley de Colombia, las decisiones que aquí se tomaron, por ejemplo en el sentido de ordenar el archivo de un expediente después de haber hecho las indagaciones preliminares y verificados los elementos de juicio que correspondan, es una decisión de naturaleza judicial que ha tomado la justicia, tanto si uno está de acuerdo como si no, y tanto si le gusta como si no le gusta.
¿El Ejército tiene que ir a pedir perdón a la Plaza de Bolívar, o puede esperar a que resuelvan en casación ese fallo ante la Corte Suprema de Justicia?
En el comunicado del Gobierno Nacional expresamos con toda claridad que estamos pendientes de que se resuelva en su momento el recurso de casación que se anunció en contra del fallo del Tribunal.
El nuevo presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Bustos, ha salido a decir que usted ha resultado tan mal intermediario con las altas cortes, que siquiera no lo eligieron Fiscal. ¿Algún comentario?
No hago comentarios sobre ese particular. Esa es una apreciación de carácter personal, respetable como cualquier otra.
Pero dice algo aún más grave: que bajo el gobierno anterior se dedicaron a perseguir y desprestigiar a la Corte, y que bajo este la van a desmembrar a través de la reforma de la justicia...
De ninguna manera. Nunca ha sido propósito del proyecto de reforma ni desmantelar un organismo constitucional que esté cumpliendo con sus funciones, ni poner en práctica revanchismo de ninguna naturaleza o una expresión de mala voluntad contra alguien. En absoluto. En el caso concreto de funciones como las que cumple la Corte Suprema de Justicia, la posición del Gobierno siempre ha sido que la última palabra de las decisiones de carácter judicial respecto de los congresistas la tenga la corte. De lo que se trata es de incorporar postulados fundamentales como la separación entre la investigación y el juzgamiento, y la doble instancia.
Creo que lo que más tiene mortificada a la Corte es que la reforma reemplace a la inoperante Comisión de Acusaciones de la Cámara por una entidad seria que sí vigile a sus magistrados. ¿Tienen razón en estar preocupados?
En un Estado de derecho no puede haber órgano del Estado que no esté sometido a algún tipo de control. El que hay hoy es inoperante porque quedó mal diseñado. Se resumen en un solo órgano poderes y funciones distintos: el de control político, el penal y el disciplinario. En un organismo que, además, ni siquiera está conformado por abogados.
Sorpresivamente, estamos descubriendo que los altos magistrados de nuestra justicia son los únicos colombianos que no cumplen con un acto legislativo que dice que ningún colombiano se puede jubilar con más de 25 salarios mínimos como pensión. Salvo ellos...
Ahí hay que aplicar el principio de igualdad. Que el régimen de pensión de los magistrados sea igual al de los demás altos funcionarios del Estado.
¿Qué opinión le merecen las denuncias de la Contralora, que salió tigresa, sobre el 'carrusel de las pensiones' en el Consejo Superior de la Judicatura?
Confirman oficialmente unos rumores después de unas investigaciones profesionales y juiciosas, que son altísimamente preocupantes, mortificantes para el resto de los colombianos. En un sistema como el nuestro eso no puede ser, y menos en una alta corte. Que se dé ese ejemplo es muy poco edificante.
¿Por qué no aprovechar ese escándalo para acabar de una vez por todas con todo el Consejo de la Judicatura, y no solo con la mitad, como va propuesto en la reforma?
La propuesta inicial del Gobierno apuntaba a eso. Ha habido, entre otras cosas, algunas discusiones sobre quién podría ejercer los poderes disciplinarios sobre los jueces, que hoy son competencia de la Sala Disciplinaria de la Judicatura. Lo he dicho y lo seguiré diciendo: el Consejo Superior de la Judicatura ha sido muy inferior a las expectativas que se tenían cuando se creó. A lo que tenía en la cabeza Álvaro Gómez cuando propuso esa figura.
La justicia se la pasa pidiendo más plata para mejorar su eficiencia. Pero, según la Contralora, el 70 por ciento del presupuesto de inversión de la justicia no se ha ejecutado...
Eso confirma lo que también está consignado en el proyecto de reforma presentado por el Gobierno: que los jueces y los abogados en general somos malos gerentes. Quien tiene estructura de juez, esquema mental de juez, experiencia de juez, difícilmente puede, de la noche a la mañana, pasar a ser un magnífico gerente, que es lo que ha pasado con la Sala Administrativa de la Judicatura. Menos cuando se hace en el marco de un tribunal con estructura de tal. Eso tiene que manejarse con criterio y mecanismos gerenciales. Y por eso se propone lo que se está proponiendo: el reemplazo de la Sala Administrativa por una Sala de Gobierno, que será simplemente una gran junta directiva que trace políticas y tire línea sobre lo básico. Pero la ejecución debe hacerla un gerente, el de la rama, y no un tribunal.
Me dicen en el Congreso que hay un 'lobby' muy fuerte para que la ampliación del período de los magistrados incluya a los actuales...
En el proyecto del Gobierno se planteaba integralmente una reforma del período de los magistrados, de los requisitos para llegar a la magistratura, de la edad y el tiempo para permanecer, como un todo. El propósito es conseguir que se entienda, como debe ser, que la magistratura es la cima, la coronación de la carrera de un abogado, de un juez cuando llegó a la cúspide. Y que de ahí en adelante, en lo posible, no debería dedicarse a otras cosas distintas. Impresiona un poquito ver a un magistrado saliendo de una corporación con las sentencias debajo del brazo a hacer campaña política. Y acaso conviene revisar su regreso al ejercicio profesional en el campo en el que fue juez. Por supuesto, el actual sistema lo fuerza a eso, sobre todo si tiene que vivir de hacerlo y si está en edad de hacerlo. La idea es que ya no se vea forzado a hacerlo.
Otra cosa espinosa es la idea de quitarles a las cortes unas funciones políticas. ¿La propuesta del Gobierno es que sigan cumpliendo su papel en la elección de Fiscal y Registrador, pero que no intervengan en la de Contralor y Procurador?
Estoy de acuerdo con la propuesta del Gobierno. El país ha visto con malos ojos lo que ha ocurrido en materia de politización de las altas cortes a la hora de ejercer esas funciones. Debemos buscar que se vuelva a los tiempos en los cuales las altas cortes eran una urna de cristal absolutamente inmune a las influencias mundanas de la política cotidiana, electoral, clientelista y cosas de esa naturaleza, que en el fondo han afectado a las altas cortes, como ha quedado claro en estos 20 años.
¿Pisar estos callos, sumado a las críticas despertadas por los comentarios del presidente Santos en relación con el fallo del Tribunal de Bogotá, significa que se acabó la luna de miel con la justicia?
Digamos que son momentáneas diferencias de posición o de criterio que pueden surgir en un momento dado y que son propias de las relaciones matrimoniales, ya que me habla de luna de miel.
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